Recordemos que la Secretaría de Desarrollo Social y el inicio del impulso político a programas sociales en México surgen a partir de la intensificación de las medidas económicas orientadas al libre mercado. Lo anterior, debido al temor del impacto del ajuste económico en el bienestar de la población. Desde Solidaridad hasta ahora el programa Prospera, los recursos al denominado ‘desarrollo social’ se han incrementado sustancialmente pero la cifra de población considerada pobre no ha disminuido. Las autoridades actuales reconocen que ‘no se ha roto el círculo intergeneracional de la pobreza’.
Sin embargo, todas las administraciones del gobierno federal desde el programa Solidaridad hasta el Oportunidades se vanagloriaron por el supuesto éxito de dichos programas. A pocas semanas del anuncio de Prospera y los nuevos elementos que se incorporaron a lo que fue Oportunidades, muchos medios de difusión en México bombardearon todo un fin de semana sobre las bondades de impulsar la inclusión financiera, el acceso a la universidad y la prioridad en la búsqueda de empleos de los beneficiarios del ‘nuevo’ programa.
Las acciones gubernamentales y políticas públicas deben hablar por sí solas con los resultados que se obtengan. La población desea percibir un cambio positivo en su calidad de vida en el acontecer cotidiano. Ni antes, ni ahora, las políticas denominadas de ‘desarrollo social’ funcionarán si no hay un rumbo bien definido y coordinado de desarrollo integral a un nivel territorial más cercano al ciudadano y a los actores locales de los sectores económico, social, académico y gubernamental de cada entidad federativa del país. ¿De qué les servirá una educación universitaria si no hay oportunidades de empleo en su lugar de origen o residencia, o si las hay, corresponden a los estudios cursados? ¿De qué le sirve un préstamo si no hay suficiente demanda local para que su negocio prospere, o no se han construido los canales para vender más allá del mercado local?
Desafortunadamente, conceptos clave en la búsqueda de más altos niveles de calidad de vida para los habitantes de un país, son utilizados vagamente y de forma irresponsable por políticos de cualquier partido y administradores públicos para continuar con su constante afán de presentarse como expertos ante la opinión pública nacional e internacional.
No porque las autoridades utilicen en sus discursos y documentos oficiales ciertas palabras o conjunto de estas, tales como ‘inclusión social’, ‘desarrollo regional’, ‘reformas transformadoras’ ‘coordinación entre dependencias federales’, quiere decir que están haciendo justicia a estos términos con las políticas públicas propuestas y otras acciones de gobierno. Una orientación del gasto público federal hacia el estímulo del desarrollo integral de regiones y localidades, y por ende, de un mayor potencial para mejorar el bienestar de la población en su lugar de origen y/o residencia, es posible.
El grado de intervención central para que el rumbo de desarrollo pueda ser definido y ejecutado localmente variará según las circunstancias estatales y municipales, pero el modelo debe ser cambiado para que los ciudadanos poco a poco modifiquen la muy degradada percepción que tienen del sector público en México. Discursos demagogos, eventos con figuras de la cultura, las artes y el deporte, la difusión de la asistencia a cumbres internacionales de alto nivel, y los espacios que distintas entidades gubernamentales y partidos políticos tienen en medios de comunicación, ya no son suficientes.
Sin embargo, todas las administraciones del gobierno federal desde el programa Solidaridad hasta el Oportunidades se vanagloriaron por el supuesto éxito de dichos programas. A pocas semanas del anuncio de Prospera y los nuevos elementos que se incorporaron a lo que fue Oportunidades, muchos medios de difusión en México bombardearon todo un fin de semana sobre las bondades de impulsar la inclusión financiera, el acceso a la universidad y la prioridad en la búsqueda de empleos de los beneficiarios del ‘nuevo’ programa.
Las acciones gubernamentales y políticas públicas deben hablar por sí solas con los resultados que se obtengan. La población desea percibir un cambio positivo en su calidad de vida en el acontecer cotidiano. Ni antes, ni ahora, las políticas denominadas de ‘desarrollo social’ funcionarán si no hay un rumbo bien definido y coordinado de desarrollo integral a un nivel territorial más cercano al ciudadano y a los actores locales de los sectores económico, social, académico y gubernamental de cada entidad federativa del país. ¿De qué les servirá una educación universitaria si no hay oportunidades de empleo en su lugar de origen o residencia, o si las hay, corresponden a los estudios cursados? ¿De qué le sirve un préstamo si no hay suficiente demanda local para que su negocio prospere, o no se han construido los canales para vender más allá del mercado local?
Desafortunadamente, conceptos clave en la búsqueda de más altos niveles de calidad de vida para los habitantes de un país, son utilizados vagamente y de forma irresponsable por políticos de cualquier partido y administradores públicos para continuar con su constante afán de presentarse como expertos ante la opinión pública nacional e internacional.
No porque las autoridades utilicen en sus discursos y documentos oficiales ciertas palabras o conjunto de estas, tales como ‘inclusión social’, ‘desarrollo regional’, ‘reformas transformadoras’ ‘coordinación entre dependencias federales’, quiere decir que están haciendo justicia a estos términos con las políticas públicas propuestas y otras acciones de gobierno. Una orientación del gasto público federal hacia el estímulo del desarrollo integral de regiones y localidades, y por ende, de un mayor potencial para mejorar el bienestar de la población en su lugar de origen y/o residencia, es posible.
El grado de intervención central para que el rumbo de desarrollo pueda ser definido y ejecutado localmente variará según las circunstancias estatales y municipales, pero el modelo debe ser cambiado para que los ciudadanos poco a poco modifiquen la muy degradada percepción que tienen del sector público en México. Discursos demagogos, eventos con figuras de la cultura, las artes y el deporte, la difusión de la asistencia a cumbres internacionales de alto nivel, y los espacios que distintas entidades gubernamentales y partidos políticos tienen en medios de comunicación, ya no son suficientes.